El Gobierno se lanza al asalto del Constitucional: elegirá a sus 2 magistrados sin esperar al CGPJ

Pedro Sánchez está decidido a asaltar el Tribunal Constitucional, pese al reciente fracaso de la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para ello, el Gobierno nombrará a los dos magistrados que le corresponden sin esperar a que el órgano de gobierno de los jueces designe a sus candidatos. Según explican fuentes judiciales a OKDIARIO, la maniobra del Ejecutivo contará con el beneplácito del sector progresista del Constitucional, que ha cambiado de criterio y ahora opta por «dar el plácet» a los miembros propuestos por el Gobierno, aunque lleguen sin los dos candidatos que corresponden al CGPJ. Sin embargo, la Carta Magna subraya que la renovación del Constitucional debe realizarse por tercios.

En Derecho no existen reglas matemáticas y a ello se acoge Pedro Sánchez para tomar el órgano de garantías que tiene pendiente de resolver sentencias tan importantes como la ley del aborto, la reforma educativa de la Ley Celáa o la ley de la eutanasia. Este órgano también sería el encargado de revisar un nuevo Estatut con un Poder Judicial propio para Cataluña si finalmente los independentistas de ERC llegan a impulsarlo. Estas son las razones por las que el Gobierno tiene un claro interés en que este órgano pase de una mayoría conservadora, en la que se encuentra actualmente, a una mayoría progresista.

Hay que recordar que desde junio está pendiente por renovar un tercio del tribunal: cuatro magistrados. Dos de ellos tienen que ser nombrados a propuesta del Gobierno y los otros dos, por el CGPJ. Así, deberán salir del Constitucional el actual presidente, Pedro José González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol, y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez. En sustitución de estos, tienen que entrar tres a propuesta del PSOE (los dos del Ejecutivo y el candidato de los vocales progresista del Consejo) y uno conservador (propuesto por los vocales del CGPJ que fueron designados por el PP). Hasta el momento, ocho miembros conservadores del Consejo se han mantenido firmes y no han propuesto a su candidato. Así han impedido que Sánchez, que tiene secuestrado el órgano de gobierno de los jueces al que le impide hacer nombramientos, pudiese tomar el órgano de garantías.

Cambio de criterio

Esta situación de bloqueo –que ha impedido la renovación del Constitucional– se ha mantenido, principalmente, por dos motivos: la inminente renovación del CGPJ y por un consenso entre los jueces de la corte de garantía a nombrar de manera conjunta a los cuatro nuevos miembros. Sin embargo, la ruptura –propiciada por el Gobierno– de la negociación entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo ha revertido la situación. Mientras que en un principio los magistrados del intérprete supremo de la Constitución recalcaban que la toma de posesión de los cuatro candidatos debía realizarse de manera conjunta, ahora abren la puerta a una renovación en dos tandas. Es decir, primero tomarían posesión los dos candidatos propuestos por el Ejecutivo y en una segunda fase lo harían aquellos designados por el Consejo. Se trataría de un hecho inédito que ha generado una gran división en la sede de Domenico Scarlatti.

En junio, miembros del Constitucional argumentaban que la renovación conjunta de los cuatro miembros era «un requisito imprescindible para formar parte del Tribunal». Ahora, magistrados de este órgano propuestos por el PSOE, han levantado las restricciones y aseguran que la Constitución, en su artículo 159, no especifica si «los cuatro deben ser renovados todos a la vez o puede realizarse en dos tandas». Fuentes internas del Constitucional argumentan que «en el caso de que el Gobierno concediese un plazo razonable al Consejo y, pese a todo, los vocales conservadores mantuviesen el bloqueo, el Ejecutivo podría nombrar los suyos y el Constitucional darle el plácet». Añaden: «Un poder del Estado no puede, por su exclusiva voluntad, impedir a otro que pueda cumplir las obligaciones derivadas de la Constitución».

Así, aseguran que hay jurisprudencia en este sentido. Las citadas fuentes recuerdan que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en 2016 mediante la cual resolvió un recurso del PSOE contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia. Esa reforma amparaba que el Senado podía nombrar a sus candidatos en el CGPJ sin esperar a que lo hiciera el Congreso.

Además, desde el Gobierno han insinuado que llevaran a cabo sus dos nombramientos. Este lunes, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, tras ser preguntada si ahora el Gobierno va a cambiar el método de elección de los miembros del CGPJ o si procederá ya a cubrir las dos plazas que se le reservan en el Constitucional, ha respondido que «el Gobierno va a trabajar para garantizar que funcionan los órganos, a pesar del PP».

Por otra parte, fuentes del Consejo consultadas por este periódico aseguran que, ante una renovación inminente del Constitucional por parte del Ejecutivo, los ocho vocales conservadores negociaran la renovación para «evitar un mal mayor».